Düşünce ve Kuram Dergisi

Los Mil Tentáculos De La Cuarta Guerra Mundial

Raul Zibechi

Sería un grave error reducir la guerra contra los pueblos al uso sistemático de armas de fuego, al ataque de ejércitos militares y paramilitares a las aldeas campesinas y la destrucción de sus cultivos y formas de sobrevivencia, a la ocupación directa de territorios, a los bombardeos y al despliegue de las más diversas tácticas de batalla. Aunque esto es enteramente cierto, es apenas la forma más brutal y la más tradicional de hacer la guerra contra los sectores populares del mundo.

En América Latina estamos sufriendo, en los últimos 20 años, otras formas no menos brutales de ocupación de los territorios y de exterminio de las poblaciones, de desplazamiento forzado masivo para poner en marcha una ingeniería social que consiste en despejar tierras para que sean ocupadas por grandes multinacionales de la minería y el agronegocio, y para la construcción de enormes obras de infraestructura.

Esta guerra la denominados extractivismo y se caracteriza por la expropiación o robo de los bienes comunes para convertirlos en mercancías, utilizando sin costo el agua, el aire y el suelo de nuestras comunidades, que quedan inutilizados para la vida. Por eso decimos que el extractivismo es un modelo de muerte. Una guerra con otras armas y otros combatientes, pero que persigue los dos objetivos tradicionales del capital: la subordinación de los pueblos y la incesante acumulación de riquezas por el 1% de la población.

 

Los monocultivos: nuevo frente de combate y resistencia

En Argentina hay 28 millones de hectáreas de cultivos transgénicos (soja, maíz y algodón) sobre los que se riegan 300 millones de litros de glifosato cada año. Pero también se utiliza en frutales, girasol, pasturas, pinos y trigo. La Organización Mundial de la Salud declaró el 20 de marzo de 2015 que “hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)” y que el mismo herbicida “causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas”[1].

El glifosato es el herbicida de mayor uso en el mundo, tanto en productos de aplicación agrícola como en espacios urbanos y en el hogar. El producto de Monsanto se comenzó a usar masivamente con el desarrollo de los cultivos transgénicos. En 1996 en Argentina se usaban 11 millones de litros de glifosato, pero ese año se aprobó la soja transgénica y ahora se utilizan 320 millones de litros.

Daniel Verzeñassi, bioquímico e integrante del Foro Ecologista de Paraná señala que de los cien mil productos liberados al ambiente desde el fin de la segunda guerra mundial (1945), “sólo dos o tres mil fueron evaluados desde el punto de vista cancerígeno”. Sostiene una tesis polémica pero que debemos contemplar: los alimentos forman parte de un proyecto geopolítico de control de la población mundial. Días después dos científicos mexicanos del Instituto de Ecología de la UNAM recordaron que “Monsanto y el gobierno de Estados Unidos conocían de la toxicidad del glifosato desde 1981”[2].

Para intentar modificar esta realidad, la Facultad de Ciencias Médicas introdujo los “campamentos sanitarios” que son “un dispositivo creado en el año 2010, como Evaluación Final Integradora del Ciclo de Práctica Final de la Carrera de Medicina, que integra evaluación, investigación, docencia y extensión”, según lo define Verzeñassi, responsable académico de esa materia. Los campamentos son una herramienta de análisis epidemiológico de las comunidades que permite a los estudiantes tener una experiencia que le deje en claro que obtuvo su título gracias a los aportes de toda la población y no sólo por méritos personales. Los campamentos duran cinco días y participan entre 90 y 150 estudiantes de la misma cohorte, por lo cual se realizan campamentos cada tres meses.

Al finalizar el campamento convocan a todo el pueblo para hacer la devolución de los resultados obtenidos en la investigación y luego la facultad compara los resultados de las diferentes comunidades a lo largo de estos años que llevan haciendo campamentos, fijando la atención en la evolución de las enfermedades en los últimos 15 años.

“Hemos comprobado un crecimiento del cáncer que oscila entre cuatro veces y media y hasta siete más que en el primer quinquenio. Cuando empezamos a ver que en los 21 pueblos nos da incrementos similares de cáncer, de abortos espontáneos, de nacimientos con malformaciones, nos preguntamos qué hay en común en todos ellos y es que están en el medio de las áreas de producción agroindustrial con agroquímicos”, señala Verzeñassi[3].

En 2008 en Argentina había 206 casos de cáncer cada 100 mil habitantes. En algunos pueblos encontraron hasta dos mil casos, casi diez veces más. En cuanto a las malformaciones se llega a seis niños en algunos pueblos de 4.000 habitantes cuando la prevalencia es de un caso por millón. Pero lo que más les llama la atención es que no aumenta el mismo tipo de cáncer que había antes sino que aparecen nuevos: linfomas, leucemias, cáncer de tiroides, páncreas y mamas.

Un estudio realizado por la Universidad de La Plata a pedido de las autoridades de Monte Maíz (un pueblo agrícola de 8.200 habitantes en la provincia de Córdoba) descubrió que hay tres veces más cáncer que el promedio del país. La tasa de abortos espontáneos asciende a 9,9% de las mujeres embarazadas, frente al 3% de media nacional.

Las conclusiones son tan sencillas como estremecedoras: en los países donde hay extensos monocultivos promovidos por multinacionales como Monsanto, se vive una silenciosa guerra química que está aniquilando a la población.

 

La minería es la nueva colonización

Como destaca el zapatismo en su análisis de la cuarta guerra mundial, los pueblos son obstáculos para la acumulación por despojo/desposesión. Cinco siglos después de la llegada de los españoles, la violencia y la militarización de los territorios son la regla, forman parte inseparable del modelo; los muertos, heridos y golpeados no son fruto de desbordes accidentales de mandos policiales o militares. Es el modo “normal” de operar del extractivismo en la zona del no-ser. El terrorismo de Estado que practicaron las dictaduras militares destruyó sujetos en rebeldía y pavimentó las condiciones para el aterrizaje de la minería a cielo abierto y los monocultivos transgénicos. Posteriormente, las democracias –conservadoras y/o progresistas- aprovecharon las condiciones creadas por los regímenes autoritarios para profundizar la acumulación por despojo:

“Poblaciones enteras son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas; vigiladas y castigadas en nombre de la ley y el orden. Líderes y referentes de organizaciones y movimientos emergentes -mujeres y varones, jóvenes, adultos y ancianos por igual- son acusados de ser los nuevos terroristas, los enemigos públicos de una sociedad de la que es necesario expulsarlos” (Machado, 2014: 21).

Indígenas, negros y mestizos, campesinos sin tierra, mujeres pobres, desocupados, trabajadores informales y niños de las periferias urbanas, están sufriendo lo que el EZLN ha definido como la Cuarta Guerra Mundial. Como en todas las guerras, se trata de conquistar territorios, destruir enemigos y administrar los espacios conquistados subordinándolos al capital:

La Cuarta Guerra Mundial está destruyendo a la humanidad en la medida en que la globalización es una universalización del mercado, y todo lo humano que se oponga a la lógica del mercado es un enemigo y debe ser destruido. En este sentido todos somos el enemigo a vencer: indígenas, no indígenas, observadores de los derechos humanos, maestros, intelectuales, artistas. (Subcomandante Marcos, 1999).

Los modos de eliminar a los pueblos no son necesariamente la muerte física, aunque esta va sucediendo lentamente mediante la expansión de la desnutrición crónica y las viejas/nuevas enfermedades, como el cáncer que afecta a los millones expuestos a los químicos de los monocultivos y de la minería.

Los modos más habituales son la eliminación de los pobres a través de su exclusión: confinamiento en espacios cercados de policías y guardias privados en las periferias urbanas. El caso más extremo es la Franja de Gaza, y los más comunes se pueden encontrar en las barriadas de todas las grandes ciudades latinoamericanas. Muchas comunidades rurales cercanas a los emprendimientos extractivos, han sido aisladas y rodeadas por dispositivos militar/económicos que actúan como cercos materiales y simbólicos, como les sucede a las comunidades mapuche en la Patagonia, a los pueblos indios y afros en el Cauca colombiano, así como a los pueblos atravesados por el “tren del hierro” de la minera Vale en el estado de Maranhão y a cientos de comunidades en las regiones andinas.

Con el neoliberalismo y la hegemonía de la acumulación por despojo, se produce la “expropiación de la política” que en los casos más extremos, como México, Colombia y Guatemala, pasa por la articulación entre paramilitarismo, empresas extractivas y corrupción estatal, en lo que bien puede considerarse como una re-colonización de la política (Machado, 2014).

Por otro lado, en la América Latina india/negra/mestiza, históricamente el principal modo de disciplinamiento no fueron el panóptico ni los satanic mill[4] (como en Europa), sino la masacre o la amenaza de masacre (léase exterminio), tanto en la colonia como en el período republicano, en dictaduras o en democracias, hasta el día de hoy: desde los 3.600 ametrallados en Santa María de Iquique, en 1907, hasta las decenas de muertos en Bagua en junio de 2009. Ambas masacres sucedieron bajo regímenes de democracia electoral, lo que indica el carácter de este sistema en la región. Sólo en Chile, en las siete décadas que van de 1903 al golpe de Estado de 1973, el historiador Gabriel Salazar enumera quince masacres, a razón de una cada tres años, considerando que la última abarcó todos los rincones del país y se cobró diez mil vidas (Salazar, 2009: 214). La organización Maes de Maio, creada por las madres de los 500 asesinados por los aparatos represivos en São Paulo en mayo de 2006, señala que entre 1990 y 2012 se produjeron 25 masacres contra habitantes de favelas, o sea jóvenes/ negros/pobres (Maes de Maio, 2014)[5].

Quiero destacar siete aspectos del extractivismo actual en el continente, que muestran de forma nítida sus modos neocoloniales de someter a los pueblos, que permiten establecer que la acumulación por desposesión en el sur del mundo no puede implementarse sin establecer un estado de excepción permanente.

El primero es la masiva ocupación de territorios por la minería a cielo abierto y los monocultivos, seguida de la expulsión de comunidades enteras, del estrechamiento de  sus posibilidades de mantenerse en el territorio por la presencia militar de actores armados. En varios países andinos han sido concesionados a multinacionales de la minería entre el 25 y el 30% del territorio, mientras los monocultivos ocupan las mejores tierras y presionan sobre los pequeños productores rurales.

En segundo lugar, se establecen relaciones asimétricas entre las empresas transnacionales, los estados y las poblaciones. Desde un punto de vista estructural, el principal efecto del extractivismo ha sido “reinstalar un nuevo patrón de asimetrías económicas y geopolíticas a través de la creación de territorios especializados en la provisión de bienes naturales, intervenidos y operados bajo el control de grandes empresas transnacionales (Colectivo Voces en Alerta, 2011: 12).

En tercer lugar, ha generado economías de enclave, como expresión extrema de espacios socio-productivos estructuralmente dependientes (Colectivo Voces de Alerta, 2011: 15). Los enclaves eran una de las principales formas de ocupación del espacio de la colonia; se caracterizan por no tener relaciones con el entorno, economías “verticales” que no se articulan con las economías de las poblaciones. Extraen, se llevan, pero no interactúan; empobrecen la tierra, el tejido social y aíslan a las personas.

En cuarto lugar, se registran intervenciones políticas potentes que consiguen modificar las legislaciones, al punto que fuerzan a los estados a otorgar importantes beneficios fiscales a las empresas, garantizar la estabilidad de las ganancias, las eximen del pago de impuestos, derechos de importación y otras obligaciones que rigen para los ciudadanos, y colocan a los país en situación de dependencia que implica el fin de las soberanías. En Argentina, el Código de Minería declara expresamente que el estado no  puede explotar ni disponer de las minas y, por eso les concede a los “particulares la  facultad de buscar minas, de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños…” (Colectivo Voces de Alerta, 2011:37).

En quinto lugar, se registra un ataque a la agricultura familiar y la soberanía alimentaria. La minería y los monocultivos desconocen a las poblaciones y al medio ambiente local, generan un grave problema de agua, ya sea por escasez o contaminación, y rompen los ciclos biológicos; se registra una tendencia a la desterritorialización y desintegración sociales, las comunidades pierden acceso a ciertas zonas de producción, la presencia extractiva fomenta la migración campo-ciudad, y la redefinición de los territorios como consecuencia de la intervención vertical de las empresas y la desintegración comunal que generen espacios locales transnacionalizados (Giarraca y Hadad, 2009: 239-240).

La militarización es el sexto aspecto a destacar. Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, hay más de 206 conflictos activos por la megaminería en la región que afectan a 311 comunidades (OLCA, 2014). En Perú, la conflictividad hizo caer dos gabinetes del gobierno de Ollanta Humala y llevó a la militarización de varias provincias. Los conflictos socio-ambientales entre 2006 y 2011 provocaron la muerte de 195 activistas en el país andino.

Por último, el extractivismo es un “actor social total”. Interviene en la comunidad donde se instala, genera conflictos sociales y provoca divisiones. Pero también busca generar adhesiones a través de “contratos directos y dádivas u ofertas a individuos y comunidades particulares, bajo la forma de acción social empresarial, apuntan a dividir a la población, a fin de lograr una espuria “licencia social” o acallar a los sectores que se oponen” (Colectivo Voces de Alerta, 2011: 73). Las empresas desarrollan vínculos estrechos con universidades e instituciones, hacen donaciones a escuelas y clubes deportivos. Se convierten en “un actor social total” (Svampa y Antonelli, 2011: 47). Tienden a reorientar la actividad económica y se convierten en agentes de socialización directa con acciones sociales, educativas y comunitarias. Pretenden ser “agente socializador” para conseguir “un control general de la producción y reproducción de la vida de las poblaciones” (Svampa y Antonelli, 2009: 47).

El extractivismo está promoviendo una completa reestructuración de las sociedades y de los estados de América Latina. No estamos ante “reformas” sino ante cambios que ponen en cuestión algunas realidades de las sociedades, como el proceso regresivo en la distribución de la tierra (Bebbington, 2007: 286). La democracia se debilita y en los espacios del extractivismo deja de existir; los estados se subordinan a las grandes empresas al punto que los pueblos no pueden contar con las instituciones para protegerse de las multinacionales.

 

Movimientos sociales bajo el estado de excepción, o luchar con el “cuchillo al cuello”

La resistencia de las comunidades y pueblos contra la minería se ha visto forzada a innovar, siguiendo otros caminos respecto a lo que venían haciendo los movimientos sociales. La recolonización coloca en la agenda de los movimientos nuevos temas, en particular cómo trabajar en áreas donde no son reconocidos los derechos humanos/ciudadanos/civiles/laborales de las personas, donde su humanidad está siendo negada (Fanon, 2011).

La forma como se viven las opresiones en la zona del ser y en la zona del no-ser son cualitativamente distintas (Grosfoguel, 2012). Los modos como se regulan los conflictos en cada zona son también distintos: en la primera zona existen espacios de negociaciones, se reconocen los derechos civiles, laborales y humanos de las personas, funcionan los discursos sobre la libertad, la autonomía y la igualdad, y los conflictos se gestionan mediante métodos no violentos, o por lo menos la violencia es la excepción. En la zona del no-ser, a la que también se define como la línea debajo de lo humano, los conflictos se regulan por la violencia y sólo de forma excepcional se usan métodos no violentos (Grosfoguel, 2012).

Por eso Grosfoguel sostiene que la teoría crítica que se produce en la zona del ser a partir de los conflictos que involucran a los oprimidos de esa zona, con sus derechos y su historia, no puede tener pretensión de universalidad. “La imposición de esta teoría crítica desde la zona del ser hacia la zona del no-ser constituye una colonialidad del saber por la izquierda” (Grosfoguel, 2012: 98). Del mismo modo, los sujetos colectivos de la zona del no-ser, no deberían adoptar de forma acrítica la teoría social creada a partir de las luchas de los oprimidos en la zona del ser, ni las mismas formas de lucha, las estrategias y estilos de organización que nacieron en los conflictos en la zona del ser.

En las zonas de hegemonía del extractivismo, donde no se reconoce la humanidad de las personas (negros, indios, mestizos), las personas están sometidas a lo que Benjamin consideraba “un estado de excepción permanente”. No pueden ejercer los derechos que tiene la parte blanca/clase media de la sociedad. Los favelados de Rio de Janeiro y São Paulo no pueden ejercer libremente el derecho de manifestación, porque son sistemáticamente atacados por la Policía Militar con balas de plomo.

En Perú, buena parte de las disposiciones legales para la explotación extractiva de la Amazonia, incluyendo la reversión de la propiedad comunal, se impusieron mediante más de cien Decretos Legislativos, que otorgan al Ejecutivo la posibilidad de emitir decretos con rango de ley (Pinto, 2009). Para imponer el proyecto aurífero Conga, el gobierno de Ollanta Humala decretó en varias oportunidades el “estado de emergencia” para garantizar el orden interno, movilizando a las fuerzas armadas hasta las  provincias afectadas[6]. Ambas figuras apelan a medidas provisorias y excepcionales que implican una ampliación de los poderes del Ejecutivo, donde se borran las fronteras entre la emergencia militar y la emergencia económica, instalando la seguridad como paradigma de gobierno y borrando las diferencias entre paz y guerra (Agamben, 2004).

Un Estado de Policía formalmente legal, pero dedicado a generar excepciones como criterio de gobierno y mantener a raya a las “clases peligrosas”, mediante una vasta gama de intervenciones que van desde las políticas de responsabilidad social empresarial –que avalan la evasión impositiva- hasta la intervención policial/militar discrecional, dirigidas al control territorial armado, donde el cuerpo policial es encargado de administrar y gestionar cosas y cuerpos de modo exclusivo y excluyente (Ferrero y Job, 2011).

¿Cómo se hace política, qué tipo de organización se construye, qué formas de acción se implementan, en territorios administrados bajo un estado de excepción permanente? Una constatación previa es que no se puede salir del extractivismo gradualmente, por etapas o a través de negociaciones. Menos aún porque lleguen al gobierno fuerzas políticas que prometan instalar otro modelo, porque ese modelo alternativo no existe, más que en los territorios en resistencia de las comunidades indias, negras, campesinas y de las periferias urbanas.

Las experiencias históricas de las luchas de clases nos remiten en dos direcciones temporales. La primera es el modo como los obreros fabriles desmontaron el fordismo-taylorismo en la década de 1960. Fue una lucha en el taller, cara a cara, palmo a palmo, disputando cada minuto de trabajo al control de los capataces, desarticulando la organización del trabajo (Arrighi y Silver, 2001; Gorz, 1998), tanto en los países desarrollados como en las periferias (Brennan, 1996). No fue una lucha de aparatos; en el desmontaje del fordismo los aparatos sindicales y de la izquierda no jugaron el menor papel. Fue una lucha de la clase, directa, sin intermediarios ni representantes. Fue, y esto no es fácil de admitirlo, una lucha sin programa, sin proyecto, sin objetivos precisos, porque se trataba de resistir, pelear, colocarle el cuchillo al cuello al control patronal de los tiempos de trabajo.

La segunda genealogía histórica es precisamente la de quienes están resistiendo el extractivismo y tiene una de sus referencias principales en la revuelta de Bagua (junio 2009) y la lucha contra la minera Conga, ambas en Perú, pero también en la lucha contra Monsanto en Córdoba, en el barrio de Ituzaingó y en la ciudad de Malvinas Argentinas. Se trata de procesos donde las comunidades luchan palmo a palmo por el territorio, se organizan para no dejar ingresar a las multinacionales o para expulsarlas, convierten los territorios en barricadas y los cuerpos en trincheras, a falta de leyes, estados y autoridades que los amparen. Es el modo como siempre han luchado los de más abajo: poniendo el cuerpo, arriesgando la vida, las familias, los hijos. No tienen otro camino, porque viven en la zona del no-ser, donde su humanidad no es reconocida.

Parece necesario sistematizar las principales formas de acción empleadas en la resistencia al extractivismo, con una mirada amplia que abarque toda la región latinoamericana en las últimas décadas. De ellas surgen nítidamente las diferencias con el tipo de acciones del movimiento obrero.

Autodefensa comunitaria en base a formas comunitarias territoriales de poder popular. Quizá el caso más importante sean las rondas campesinas del norte del Perú, nacidas en la década de 1970 para combatir el abigeato y devenidas en órganos comunes/comunitarios capaces de ordenar la vida interna, administrar justicia, construir obras de interés comunitario y, más recientemente, organizar la resistencia al avance de la minería. En este proceso las rondas han devenido en Guardianes de las Lagunas, enfrentando directamente a las compañías mineras y al estado policial peruano. En el sur de Colombia, la Guardia Indígena de los cabildos nasa y misak juega un papel similar de defensa comunitaria y como principio de orden interno. En ambos casos, se pone en juego la capacidad de un sector social (campesino o indígena) para poner en movimiento sus mecanismos de contra-poder.

Acción directa contra las multinacionales, paralizar las obras, impedir que las empresas trabajen, destruir las maquinarias, impedir incluso la realización de estudios de impacto ambiental como hicieron los pescadores mapuche (OLCA, 2006), proteger las lagunas y otras zonas con campamentos permanentes como sucede en Cajamarca, Perú (Hoetmer, 2014), realizar mingas para tapar los socavones de las minas, como realizan los nasa en el Cauca (ACIN, 2014). Este tipo de acciones son posibles porque las deciden y sostienen comunidades enteras, con sus propias autoridades implicadas en ellas. En las ciudades han sido posibles otro tipo de acciones como las que mantuvieron Madres de Ituzaingó y la asamblea de Malvinas Argentinas, pero siempre sobre la base del involucramiento directo de las personas, la persistencia de la acción a pesar del aislamiento y del acoso de una amplia gama de actores: estado, policías, justicia, sindicatos.

Marchas de sacrificio hasta localidades vecinas o incluso hasta la capital, recorriendo a veces miles de kilómetros para difundir la realidad que viven, pero también para ganar aliados, en sitios a los que habitualmente no tienen acceso. Este tipo de acciones las realizaba el movimiento sindical en momentos de crisis agudas, con similares características. En este caso pesa un factor determinante: la necesidad de romper el cerco material y simbólico, policial y mediático, tendido sobre las comunidades que resisten para aislarlas y someterlas, lejos de la visibilidad de sus potenciales aliados urbanos.

Cortes de rutas y acampadas, como forma de cortar la circulación de mercancías, de bloquear el ingreso de las multinacionales al territorio en resistencia o para defenderlo de otros actores externos. No hay lucha contra el extractivismo que no haya utilizado este tipo de acciones. Al igual que las marchas, se busca la visibilidad, pero además se procura impedir que las empresas sigan adelante con sus proyectos extractivos. Los campamentos, por su parte, juegan un papel central a la hora de abrir espacios para la interconexión de los de abajo. Se trata de sectores que no tienen espacios propios en la sociedad, como son los sindicatos para los trabajadores formales, sino que deben construirlos como pre-condición para tejer alianzas, encontrar lenguajes y códigos comunes con los semejantes, y desde allí poder lanzar desafíos al modelo hegemónico.

Coordinaciones y otras formas flexibles de articulación. Los movimientos contra el extractivismo no se han dotado de estructuras jerárquicas formales, como lo han hecho los movimientos sindicales y organizaciones sociales rurales y urbanas. En su lugar, han creado articulaciones más o menos permanentes para coordinar acciones, pero también para procesar reflexiones y planes de lucha, con delegados rotativos mandatados, como forma de rehuir de la figura del representante. En algunos países, las coordinaciones se establecen de forma puntual para realizar acciones de envergadura, como las marchas hacia las ciudades.

-Consultas a la población a través de referendos. Es un modo de utilizar un mecanismo de la democracia electoral para afianzar a los movimientos. En general se han utilizado a escala local, en pequeñas ciudades o regiones, como forma de hacer visible la existencia de un consenso comunitario contra el extractivismo. En el mismo sentido, han conseguido que muchos municipios se pronuncien contra la minería a cielo abierto y las fumigaciones.

Levantamientos, insurrecciones, rebeliones. Desde el Caracazo de 1989, se han producido en la región diecinueve levantamientos populares, en áreas rurales y en ciudades, que derrocaron gobiernos, deslegitimaron el modelo neoliberal y las privatizaciones, instalaron nuevos temas y actores en las agendas y modificaron la relación de fuerzas en el continente.

Estos repertorios de acción están anclados en el territorio y las comunidades son sus bases de sustento social y político. Los actores que los practican son casi siempre los “sin”, los que no tienen derechos, los que viven en la zona del no-ser. Su objetivo inmediato no consiste en negociar condiciones de trabajo ni salarios, sino crear una situación de hecho que haga imposible la continuidad del extractivismo, bloquear la acumulación por desposesión. Es una pulsión de vida para frenar un modelo de muerte.

Los oprimidos de América Latina pueden acordar con el aserto de Agamben, de que el paradigma político de Occidente no es la ciudad sino el campo de concentración (Agamben, 1998). La negociación para la inclusión no tiene sentido en el campo, del mismo modo que no es posible negociar, bajo el Estado Policía, otra cosa que no sean los modos de subordinación. Propongo interpretar este conjunto de formas de acción de los de abajo, como las herramientas necesarias para desbordar/neutralizar el extractivismo/estado de excepción permanente. En estas acciones, se pone en juego aquella tradición de los oprimidos que Benjamin, en la XII Tesis sobre la Historia, consideraba “el nervio de su mejor fuerza”, que los progresismos de todos los tiempos quieren que olviden: el odio y la voluntad de sacrificio; “pues ambos se nutren de la imagen de los antepasados esclavizados y no del ideal de los descendientes liberados”.

 

Referencias

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  • Agamben, Giorgio (1998) Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida, Valencia, Pre-Textos.
  • Arrighi, Giovanni y Silver, Beverly (2001) Caos y orden en el sistema-mundo moderno, Madrid, Akal.
  • ACIN- Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, “Cauca contra la minería”, en http://www.nasaacin.org/informativo-nasaacin/nuestra-palabra-kueta-susuza-2013/5496-munchique-los-tigres-contra-la-mineria-todos-somos-responsables  (Consulta, 1 de agosto de 2014).
  • Bebbington, Anthony (2007) Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas, Lima, IEP.
  • Brennan, James (1996) El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba, Buenos Aires, Sudamericana.
  • Colectivo Voces de Alerta (2011) 15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina, Buenos Aires, Voces de Alerta.
  • Fanon, Frantz (2011) Los condenados de la tierra, Tafalla, Txalaparta.
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  • Giarraca, Norma y Hadad, Gisele (2009) “Disputas manifiestas y latentes en la Rioja minera”, en Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta ed. Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Buenos Aires, Biblos, pp. 229-278.
  • Gorz, André (1998) Miserias del presente, riqueza de lo posible, Buenos Aires, Paidós.
  • Grosfoguel, Ramón (2012) “El concepto de «racismo» en Michel Foucault y Frantz Fanon: ¿teorizar desde la zona del ser o desde la zona del no-ser?”, Tabula Rasa, Bogotá – Colombia, No.16: 79-102.
  • Grosfoguel, Ramón (2013) “¿Cómo luchar decolonialmente?”, en Diagonal, Madrid, 4 de enero, entrevista de María Luisa Trejo.
  • Harvey, David (2004) El nuevo imperialismo, Madrid, Akal.
  • Hoetmer, Raphael (2014) “Las rondas campesinas no son grupos terroristas”, en Contrapunto N° 4, Montevideo, mayo de 2014, pp. 83-94.
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  • OLCA- Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (2006) “Declaración por operativo en Mehuí”, 26 de julio en http://olca.cl/oca/chile/region10/cisnes183.htm  (Consulta, 1 de agosto de 2014).
  • Pinto, Vladimir (2009) “Los decretos del hortelano y el origen del conflicto con los pueblos amazónicos”, en Alimonda, Héctor, Hoetmer, Raphael y Saavedra, Diego La Amazonía rebelde, Buenos Aires, Clacso, pp. 147-153.
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  • Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta ed. (2009) Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, Buenos Aires, Biblos.

 

[1] En lavaca.org: http://www.lavaca.org/notas/confirmado-la-oms-ratifico-que-el-glifosato-de-las-fumigaciones-puede-provocar-cancer/
[2] La Jornada, 17 de abril de 2015.
[3] Entrevista personal a Damián Verzeñassi, Santa Fé, abril de 2015.
[4] Fábricas del diablo, donde se vieron forzados a trabajar los campesinos cuyas tierras comunales fueron cercadas/expropiadas (Polanyi, 1989).
[5] Se trata de la represión que siguió a las acciones de la organización criminal Primer Comando de la Capital.
[6] La República, Lima, 4 de julio de 2012 en http://www.larepublica.pe/04-07-2012/el-gobierno-declaro-estado-de-emergencia-en-tres-provincias-de-cajamarca

 

 

Traducción del español al turco: Remziye Alparslan

 

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